Mario Gutiérrez Vega

Alfonso Durazo Montaño negó que en su carrera política haya escondido “algo de su patrimonio”, sin embargo nunca ha transparentado, ni como funcionario ni ahora como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, las nueve propiedades que están a nombre de la empresa familiar Inmobiliaria Alta Sierra.

“Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo”, señaló Durazo a través de un comunicado emitido en respuesta al reportaje Durazo bienes raíces transmitido en Loret Capítulo 45.

El candidato de Morena al gobierno de Sonora reconoció que su esposa y sus dos hijos son accionistas de Inmobiliaria Alta Sierra y que él también fue parte de esta empresa. Confirmó que los registros públicos avalan su participación como administrador único de Inmobiliaria Alta Sierra y que desde esa posición fue el encargado de comprar las propiedades que están a nombre de la empresa.

El morenista dijo que la investigación realizada por Carlos Loret de Mola, “está fuera de toda realidad con lo planteado en el reportaje”; pues expresó que el valor de los inmuebles, todos lícitos y con datos públicos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Durazo expresó que no oculta cosas en su declaración. “Especifico claramente la existencia de la empresa Alta Sierra. Y la participación en ella de mi cónyuge y de mis dos hijos”.

“No se puede ocultar lo que es público y los registros de propiedad indican claramente que alguna vez participe en esa empresa (…) Y hoy ya no formo parte de ella, como otros de los socios iniciales. En dichos documentos públicos se establece claramente el valor de los inmuebles. Mismos que están fuera de toda realidad con lo planteado en el reportaje. Pero lo más importante. Todas las operaciones de dicha empresa han sido lícitas y, como dije, públicas”, declaró.

De acuerdo a la investigación de Loret para Latinus, se le acusa de “ocultar” propiedades.
En un reportaje publicado el día de ayer, se asegura que el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tendría al menos nueve propiedades en México y Estados Unidos. Con un valor de 214 millones de pesos.